CuartoPoder / Redacción
En Michoacán es necesario seguir dando pasos firmes para combatir la discriminación y garantizar el reconocimiento de los derechos humanos y la igualdad, afirmaron los diputados del PRD, Manuel López Meléndez, Nalleli Pedraza Huerta, Belinda Iturbide Díaz y Raúl Prieto Gómez, después de que presentaron una iniciativa en coordinación con legisladores de otras bancadas parlamentarias, para reformar el artículo 119 del Código Familiar del Estado, sobre la identidad de género.
Con dicha propuesta y de aprobarse después de que se analice y estudie en comisiones, coincidieron que Michoacán cumplirá con varios ordenamientos, entre ellos los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes hicieron un llamado a respetar la diversidad de género.
Al respecto, la diputada Nalleli Pedraza indicó que con dicha reforma, se busca, simplificar el proceso del levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo-genérica.
Subrayó que se busca facilitar el reconocimiento jurídico de las personas de mismo sexo y transgéneros, mediante un mecanismo administrativo ante el Registro Civil y así evitar los procesos judiciales que requieren forzosamente la comprobación de un tratamiento o procesos quirúrgicos de alto costo en su mayoría, y asimismo, también se trata de un requisito que vulnera la esfera de la intimidad.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXIII Legislatura Local, recalcó que se busca generar mejores condiciones para los grupos vulnerables de la sociedad michoacana, por lo que se han aprobado diversas reformas legislativas para hacer frente a las necesidades jurídicas de las minorías.
Ante esta situación, la diputada aseguró que justamente con la aprobación de esta iniciativa, se dará continuidad al reconocimiento jurídico de la identidad de las personas del mismo sexo, propiciando así, el escenario adecuado para su libre desarrollo de la personalidad, sin restricciones ni discriminación.
Finalmente enfatizó que el estado es quien tiene el deber de dotar a la ciudadanía de mecanismos rápidos y efectivos para garantizar el goce de los derechos fundamentales de que todo ser humano es titular, sin ser sometidos a ningún tipo de acreditación que pueda cuartar la dignidad y la libertad.
