CuartoPoder / Samantha Ponce

Morelia, Mich.- Gabriel García Hernández, coordinador General de Programas para el Desarrollo, del Gobierno Federal, encubre una red de corrupción y extorsión a adultos mayores, pescadores, beneficiarios de becas, padres de familia, estudiantes y a Siervos de la Nación, en la región michoacana de Puruándiro.

García Hernández, uno de los hombres cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, públicamente demostró el pasado domingo 7 de junio su apoyo, incondicional, a María del Carmen Pille Calderón, subdelegada de Bienestar en la región de Puruándiro y quien es señalada por habitantes de 17 municipios -de esa zona- de encabezar la grave red de corrupción.

Gabriel García de visita en el municipio de Santa Ana Maya junto a Carmen Pille.

Pille Calderón, evidenciada por sus víctimas con pruebas como audios, videos y documentos, “paseó” ese día a Gabriel García por los municipios de Santa Ana Maya y Álvaro Obregón, donde sus operadores impidieron que beneficiarios de los diversos programas federales se acercaran al funcionario federal, para hacer llegar las denuncias al presidente López Obrador.

 

Los “coyotes” de María del Carmen Pille

Oficios de la Secretaría de Bienestar que afirman que Mario Arturo García Suárez y Omar Vega Calderón, no pertenecen a la dependencia.

La grave red de corrupción en la región Puruándiro, es operada por al menos tres personas ajenas a la estructura del Gobierno Federal, pero que amparados por María del Carmen Pille exigen “moches” y extorsiones a beneficiarios de los diversos programas, en la mayoría de los casos, de origen humilde o escasos recursos.

Esta red de corrupción es operada en un segundo nivel por Armando Venegas Martínez, Mario Arturo García Suárez y Omar Vega Calderón, quienes en múltiples ocasiones han sido evidenciados por sus víctimas, tanto en videograbaciones, audios y documentos –al igual que Carmen Pille-, como depósitos de los “moches” a cuentas de familiares de estas tres personas.

En videos, audios y hasta en fotografías que han publicado los tres “coyotes” de María del Carmen Pille, éstos se ostentan ilegalmente como trabajadores de la Secretaría de Bienestar, para exigir de forma prepotente los “moches” y extorsiones, justificando que no cuentan con salarios al no estar contratados en la administración del presidente López Obrador.

Incluso, en esas mismas grabaciones, de las cuales CuartoPoder Michoacán tiene copias documentadas, los tres “coyotes” reconocen no tener vínculo alguno con el Gobierno Federal, aunque sí con María del Carmen Pille, por lo que podrían ser acusados del delito de Usurpación de Funciones y enfrentar una pena de uno a siete años de prisión.

CuartoPoder Michoacán revisó el organigrama del Gobierno Federal en Michoacán y no encontró registro ni relación alguna de Armando Venegas Martínez, Mario Arturo García Suárez y Omar Vega Calderón, con la administración de López Obrador.

 

Los “moches” de la 4T en Puruándiro

Carmen Pille y parte de su red de corrupción de la región.

CuartoPoder Michoacán contactó a tres becarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” en la región de Puruándiro, y cuya identidad será reservada para evitar represalias en su contra-, quienes revelaron que los “coyotes” de María del Carmen Pille les cobran un “moche” mensual del 50 por ciento de su beca, para continuar como beneficiarios.

“Desde que entras al programa te piden dinero, es la mitad de los 3 mil 748 pesos que ganamos y claramente estas gentes son delincuentes que no trabajan en la administración pública, y solo están abusando de la necesidad que tenemos porque somos de escasos recursos. Le hemos dicho a la señora Carmen Pille y nos dice que hagamos caso de lo que nos digan, que son sus gentes de confianza”, dijo uno de los inconformes.

Sin embargo, son al menos cinco programas federales que la red de corrupción de Carmen Pille opera a su favor, entre ellos dos considerados como “los más nobles”, como lo son las pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad.

Para el primero, utiliza operadores que cobran a los adultos mayores cantidades desde cinco hasta los cien pesos, para que los beneficiarios puedan cobrar lo que, por ley, deberían recibir íntegro y sin “moches”.

Armando Venegas en la entrega de apoyos de los programas federales.

En tanto, para el programa de apoyo a personas discapacitadas, son innumerables las quejas que existen en la región y que revelan que es común que los beneficiarios sufran el “recorte” en sus sobres con el dinero de la pensión, o que se les condicione, a cambio de una “comisión”, la entrega de sus órdenes de pago en el sistema Telecomm.

Incluso, habitantes de la región Puruándiro han señalado que el padrón de beneficiarios tiene inconsistencias como personas que no presentan ninguna discapacidad y cobran cada bimestre la pensión, toda vez que son familiares o personas cercanas a quienes operan esta red de corrupción.

Pero, la red de corrupción va más allá y también aplica el mismo modus operandi en el programa para pescadores, donde en la cuenca del Lago de Cuitzeo la organización de pescadores local descubrió que el censo de beneficiarios fue “inflado” con personas ajenas a este oficio e, incluso, con menores de edad, todo ello bajo el amparo de María del Carmen Pille.

Sin embargo, la punta del iceberg de esta red de corrupción quedó al descubierto con un caso muy sonado en redes sociales, donde María del Carmen Pille, María Guadalupe Silva, Marco Antonio García y Daniel Arreguín, entre otros cómplices, extorsionan a padres de familia inscritos en el programa “La Escuela es Nuestra”, para favorecer a un contratista en articular y desviar los recursos inicialmente etiquetados para su operación, de forma directa, por los Comités de Padres de Familia de cada plantel.

En este programa, de acuerdo con las reglas de operación que aprobó el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el comité de padres de familia los que tienen que recibir y aplicar, de forma directa, 150 mil pesos para la rehabilitación de los planteles, sin embargo, Carmen Pille y sus “coyotes” han sido evidenciados en grabaciones despojando de este recurso a los padres de familia.

CuartoPoder Michoacán buscó a Roberto Pantoja Arzola, “súperdelegado” del Bienestar en Michoacán, para conocer la postura del gobierno Federal, sin embargo, hasta el cierre de esta edición fue imposible localizarlo.

Cabe mencionar que personal de la delegación en Michoacán, de la Secretaría del Bienestar, informó que las irregularidades en los programas sociales, así como las extorsiones o “moches” que impliquen a cualquier servidor público, pueden ser denunciadas a través del correo electrónico buzonbienestarmich@bienestar.gob.mx