Por Rafael Malpica
Tras llegar a un punto del, no retorno, el gobernador Silvano Aureoles, debió admitir que la utilización del bloqueo a las vías férreas para presionar políticamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, fue una medida inadecuada y hoy, tuvo que romper su esquema y aceptar la determinación de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, para comprometerse a cumplir los compromisos adquiridos con el magisterio michoacano, que fueron desconocidos en su momento, lo que motivó el despliegue de las y los maestros, quienes simplemente reclamaron lo que es suyo, y se movilizaron para obstruir esta vía de comunicación.
El gobierno de la república esperó pacientemente, porque el origen del bloqueo, nada tiene de federal, sino que la dirección siempre apuntó y apuntará a esta dirección: Casa de Gobierno de Michoacán, Periférico Paseo de la República No. 1500, Col. Gral. Oviedo Mota, CP 68060 en Morelia. ¡Clarísimo!
Por ello, no se admitir que esta situación haya sido utilizada con fines políticos para desprestigiar al gobierno de México y al presidente, cuando el origen y las razones, son enteramente responsabilidad del gobierno de Michoacán.
No aplaudimos la conducta del magisterio, que ciertamente afectó a importantes empresas instaladas en Michoacán, y a trabajadores locales de éstas. Pero debe saberse que el bloqueo a las vías, no afectó ni afecta a empresas locales ni a la sociedad, que poco o nada se benefician con el paso de contenedores movidos por la poderosa Kansas City Southern en su destino a Estados Unidos, con mercancías de países de la Cuenca del Pacífico. ¡No es por allí!
Pero tampoco es correcto que el gobierno michoacano olímpicamente incumpla acuerdos debidamente pactados con las y los maestros. Por cierto, acuerdos que tampoco se han transparentado, ya no digamos adecuadamente, sino simplemente puestos en evidencia para ser vistos por la sociedad.
Se espera que las vías, gradualmente, sean liberadas. Y se espera que no haya dilación en los nuevos compromisos asumidos por el gobernador y sus secretarios de Finanzas y Administración, y el de Educación.
Ahora, lo que la sociedad (y los líderes empresariales) deben exigirle al gobierno, es una respuesta: ¿por qué hasta ahora aceptó cumplir, con lo que institucionalmente le tocaba cumplir?
