CuartoPoder / Redacción
Morelia, Mich.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), obtuvo de un Juez, vinculación a proceso en contra de una persona del sexo masculino por su posible relación en el homicidio del presidente municipal David Eduardo Otlica Avilés, ocurrido el pasado martes en el municipio de Nahuatzen.
Derivado de los trabajos de investigación, se obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la probable participación en estos hechos de Gerardo A., lográndose determinar que, aproximadamente a las 03:00 horas del pasado martes 23 de abril, el imputado ingresó al domicilio del Presidente Municipal y lo amagó con un arma de fuego.
Ante esto, Otlica Avilés, pidió auxilio a su pareja, la cual se percató que en ese momento el Presidente Municipal era sacado de su casa y subido a un vehículo Mustang, color rojo, desconociendo a partir de ese momento su paradero; sin embargo, poco después de las 09 horas, fue localizado el cuerpo sin vida del munícipe, en las inmediaciones de la carretera La Mesa-Cortijo Nuevo, en el municipio de Coeneo.
De acuerdo al dictamen de necropsia, la causa de la muerte fue hemorragia intracraneal secundaria a traumatismo craneoencefálico, en persona con herida por instrumento corto contundente.
Durante los actos de investigación, se aseguró el automóvil Mustang relacionado en estos hechos, así como un machete; mismos que ya son analizados por peritos.
Con los datos de prueba obtenidos durante el trabajo de investigación, la Fiscalía procedió a solicitar la respectiva orden de aprehensión, misma que fue concedida por el Juez de Control y cumplimentada por personal de la institución.
Este día, en audiencia pública, y tras valorar los datos de prueba aportados por la Fiscalía Regional, el órgano jurisdiccional resolvió vinculación a proceso en contra de Gerardo A., y fijó prisión preventiva oficiosa.
La FGE ratifica su compromiso con las y los michoacanos para actuar conforme a derecho en el esclarecimiento de los hechos constitutivos de delito, que afectan la integridad y los bienes jurídicos de las personas, como un deber ineludible para alcanzar la justicia.
