CuartoPoder / Redacción
Para cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas, la Secretaria de Educación en el Estado y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, deberán otorgar las facilidades para que concluyan las auditorias que por circunstancias ajenas no se lograron concretar en ambas instancias, refirió el diputado del PRI e integrante de la comisión de Educación en el Congreso del Estado, Mario Armando Mendoza Guzmán.
El diputado del PRI, manifestó que estarán vigilantes en que se cumpla con este proceso que quedó inconcluso y que corresponde a la fiscalización de recursos públicos de la cuenta 2015, en donde circunstancias ajenas a las instituciones impidieron a la Auditoria Superior de Michoacán (ASM) concluir su trabajo.
El diputado tricolor precisó que las auditorias se deben realizar, independientemente de que no se hayan podido hacer por alguna circunstancia, “no por eso, no se deben realizar, incluso lo ha comentado la presidenta de la comisión Inspectora, las auditorias tiene que hacerse están iniciadas y se deben concretar”, mencionó.
Agregó que la fiscalización de los recursos públicos, además de responder un tema de transparencia y rendición de cuentas, también es una cuestión de legalidad y no se puede ser omiso, en caso contrario se deberán fincar responsabilidades.
Asimismo, el diputado recordó que siguen pendientes de ser cumplidos por la Universidad y la SEE, los decretos emitidos desde el Congreso del Estado en materia de reingeniería administrativa y la auditoría integral a ambas unidades programáticas.
Subrayó que a más de un año de vencerse los plazos llevarán a cabo la revisión del cumplimiento del decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, establecer si la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) cumplió la reingeniería administrativa ordenada desde el Congreso del Estado, ya que de acuerdo con los artículos transitorios del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, se debió efectuar una reingeniería administrativa que garantice jubilaciones y salarios y las prestaciones regulares de docentes estatales, a más tardar el 31 de octubre de 2016.