La Página
Lázaro Cárdenas, Michoacán.-Conflictos al interior del Cabildo de LZC, por la falta de transparencia en el manejo de las finanzas, y la presunta intención de la presidente María Itzé Camacho Zapiaín para violar los derechos políticos de los regidores de Morena, al nombrar suplentes sin acatar los procedimientos que marca la ley.
Previo a una sesión extraordinaria de Cabildo, la regidora de Morena, Bertha Alicia García Rico, denunció que pasadas las dos de la tarde, había sido víctima de una presunta amenaza vía telefónica, donde le advirtieron que si se presentaba a las sesiones, donde se volvería analizar y votar la Cuenta Pública 2020, misma que fue rechazada por inconsistencias el 5 de marzo, se atuviera a las consecuencias.
El regidor morenista Alejandro Soberano señaló un acto similar, incluso proporcionó la hora precisa, y el número del que salió la supuesta amenaza.
Ambos ediles entregaron al secretario del Ayuntamiento, la querella interpuesta ante la Fiscalía Regional, para que se integrara al acta de Cabildo.
Incluso, una tercera regidora de Morena Zulma Tovar Gil indicó que no contestó una llamada similar, sin embargo, presentó la denuncia correspondiente, y responsabilizó a quien corresponda de lo que les pueda pasar no solo a ellos, sino a algún familiar.
A la sesión asistieron, la regidora panista Lorena García Posadas, seis regidores y el síndico municipal, así como algunos funcionarios municipales, entre ellos el contralor Santiago Magallón, y varios ciudadanos.
Es de resaltar, que el secretario del Ayuntamiento Horacio Ramírez, al momento del pase de lista para el quorom legal, y nombrar a la presidente María Itzé Camacho Zapiain se excusó a nombre de ella, y dijo que en un mensaje le había comunicado, minutos antes, que no se presentaría por «estar indispuesta por razones de salud».
Al respecto del tema, y la intención de revocar el acuerdo de la sesión del 5 de marzo, cuando el pleno edilicio reprobó la Cuenta Pública 2020, el Síndico Miguel Ángel Peraldí Sotelo, acusó que esto es un hecho consumado, y no existe ley por a cual el Ayuntamiento pueda revocar sus propios actos, como lo pretenden la Presidente Municipal y el ex tesorero Manuel Esquivel.
«No somos autoridad para revocar, enfatizó, además no hay circunstancias para cambio de decisión, porque las observaciones no se han atendido o devanecido, ni en lo que respecta a faltantes en seguridad pública, en compra sobrefacturada de patrullas, o en la pérdida de 15 millones de pesos en el Fideicomiso 752», indicó Peraldí Sotelo.
Cortesía Agencia Jense
