CuartoPoder / Redacción
Como parte de las reformas necesarias para establecer el marco normativo que garantice el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, el Congreso local aprobó reformas y adiciones al Código de Justicia Administrativa.
Las reformas aprobadas permitirán regular los actos u omisiones de naturaleza administrativa y fiscal entre los particulares y las dependencias del estado, así como garantizar a través de procesos claros y bien definidos, el acceso a la justicia administrativa en Michoacán.
Con ese propósito se fortalecen las funciones del Tribunal de Justicia Administrativa encargado de juzgar los actos de corrupción, que se integrará con cinco magistrados, los cuales funcionarán de manera unitaria, tres conocerán de responsabilidades administrativas ordinarias y se nombrarán dos magistrados especializados que conocerán de responsabilidades administrativas por faltas graves de los servidores públicos y de particulares vinculados con faltas graves.
Los dos magistrados especializados serán designados por el Congreso, mediante convocatoria pública que emitirán las Comisiones de Justicia y de Gobernación.
Asimismo, se incorpora la figura del Juicio en Línea, tratándose de una sustanciación y resolución del juicio administrativo en todas sus etapas, así como de los procedimientos previstos en la norma a través del Sistema Informático del Tribunal; en cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y a la justicia.
El dictamen con proyecto de decreto fue elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia, Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Jurisdiccional y de Puntos Constitucionales, integradas por los diputados Mario Armando Mendoza, Ángel Cedillo, Yarabí Ávila, Mary Carmen Bernal, Rosa María de la Torre, Andrea Villanueva, Nalleli Pedraza, Belinda Iturbide, Xóchitl Ruíz, Macarena Chávez, Pascual Sigala, Manuel López, Ernesto Núñez, Carlos Quintana, Juan Pablo Puebla, Miguel Ángel Villegas, Daniel Moncada y Wilfrido Lázaro, quienes conformaron el Grupo de Trabajo Plural encargado del estudio, elaboración y formulación del proceso legislativo para la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción.
Con ese propósito analizaron las iniciativas presentadas por los diputados Mario Armando Mendoza, Yarabí Ávila y Xóchitl Ruíz; por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; por el diputado Ernesto Núñez, y por la diputada Macarena Chávez, acoplando lo mejor de cada una de ellas para armonizar la norma y concretar el marco legal de combate a la corrupción.
