CuartoPoder / Redacción
Morelia, Mich.-En Michoacán aún no tenemos armonizada la Ley Estatal de Archivos con la Ley General, sin embargo, esto no significa que no contemos con normativa vigente a la cual atender, dado que, la Ley General de Archivos es de observancia en todo el territorio nacional (tres niveles de gobierno).
Es decir, la información que se genere durante esta contingencia sanitaria debe ser pública, para cumplir con el deber de rendición de cuentas de las autoridades.
Todo servidor público tiene la obligación de documentar las actividades que realice de acuerdo con sus obligaciones, facultades y funciones, por lo tanto, aunque en Michoacán no se tenga la Ley de Archivos armonizada, ya estamos obligados a dejar constancia a través de la documentación correspondiente de nuestras actividades.
Con base en lo anterior, los titulares de los ejecutivos nacional, estatal y municipal, así como todas las autoridades y dependencias de salud, tendrán que documentar sus actividades durante la pandemia, por ejemplo: los contratos.
Además, es importante recordar que no nos encontramos en un estado de excepción, las obligaciones de los sujetos obligados se encuentran vigentes, por lo tanto, deben atender a lo estipulado en la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual en su numeral 18, señala: Artículo 18. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
El IMAIP y la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, hemos informado e insistido a los sujetos obligados que la información que se genere en esta etapa, deberá documentarse y regirse por los principios que señala la Ley General de Archivos, adoptando las medidas tanto de índole técnico y administrativo para la conservación de los documentos.
Finalmente, debemos recordar que la difusión de los archivos producidos por los sujetos obligados, es con la intención de contar con efectiva rendición de cuentas, pero, principalmente, favorecer la toma de decisiones de los ciudadanos, y, en su momento, el resguardo de la memoria institucional.
