Por Roberto Pantoja Arzola
Los momentos difíciles, las coyunturas complicadas y las crisis más complejas; suelen ser el acicate de la creatividad y la voluntad de cambio de los pueblos y de sus líderes. Las dificultades que padece actualmente el pueblo michoacano se han originado de una serie de procesos y tendencias que se han acumulado en los últimos años y que bien podrían dibujar un panorama sombrío y desesperanzador. Estas son algunas de ellas:
- Dinámica económica contraída. – Al inicio de las reformas estructurales del neoliberalismo, esto es de 1982 a 1995, la economía nacional creció a una tasa de 1.7 por ciento anual, mientras que la de Michoacán lo hizo a una tasa de 1.05 por ciento y la población de la entidad mostró una tasa de crecimiento natural de la población de 2.9 por ciento. Posterior a ello, de 1996 a 2015, con la profundización de las reformas neoliberales, el país creció a un ritmo de 2.83 por ciento anual mientras que la economía de la entidad se mantuvo por debajo de la media en 2.54 por ciento y la población creció de manera natural de 2.4 por ciento.
- Rezago competitivo de la economía michoacana. – Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, Michoacán es el estado número 29 en su Índice de Competitividad Estatal 2018. Los principales factores de este rezago son las desigualdades sociales, la ausencia de gobiernos eficientes y eficaces, así como la escasa capacidad del estado para aprovechar las relaciones internacionales. De la misma forma, el informe Doing Business 2016 elaborado por el Banco Mundial, coloca a Michoacán en el lugar número 20 de los estados en donde es más fácil hacer negocios.
- Desigualdad social. – La entidad sigue mostrando semáforos rojos en todos los indicadores de carencias sociales que reporta la CONEVAL en 2018. Somos el lugar número 31 en rezago educativo, el 32 en acceso a la salud, el 27 en seguridad social, el 25 en calidad y espacios en la vivienda, el 22 en servicios básicos dentro de la vivienda, el 29 en alimentación y el 26 en porcentaje de la población con ingresos por debajo de la línea de bienestar. Michoacán tiene una población de 4.6 millones de personas de los cuales 2.5 están en situación de pobreza y medio millón en pobreza extrema.
- Inseguridad y violencia. – En Michoacán continúa recrudeciéndose la violencia provocando incluso una pérdida social de la capacidad de asombro. De 2015 a 2019, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios dolosos tuvieron un crecimiento del 112 por ciento. Del mismo modo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2019, del total de delitos cometidos no se denuncian ni se integran carpetas de investigación en el 92.8 por ciento de los casos, mientras que el 80.2 por ciento de los michoacanos consideramos que vivir en esta entidad es inseguro.
- Corrupción. – Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, 21 mil de cada 100 mil habitantes ha sido víctima de algún acto de corrupción por parte de los servidores públicos y el 84.9 por ciento de los michoacanos considera que los actos de corrupción son frecuentes en el gobierno estatal.
- Deterioro de las finanzas públicas estatales. – En los últimos 20 años la deuda pública de la entidad ha crecido exponencialmente, comprometiendo la capacidad financiera para poder atender los servicios más elementales que el gobierno brinda a la población. Al término de la administración de Lázaro Cárdenas Batel, la deuda de la entidad significaba el 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto y para el primer trimestre de 2019 esta significa un 3.84 por ciento, cifra que podría incrementarse ante la contracción que sufre la economía como producto de la pandemia. Por otro lado, el elevado gasto en temas como protocolos, nóminas de asistentes personales de funcionarios o comunicación social hablan de una baja calidad del gasto público. Así, el Instituto Mexicano para la Competitividad ha señalado que en 2018 el Poder Ejecutivo en Michoacán erogó 72 por ciento más de lo aprobado por el Congreso en materia de comunicación social y 60 por ciento más en combustibles.
