CuartoPoder / Por Roberto Pantoja Arzola
Ha trascendido en diversos medios de comunicación, que 21 fiscales generales de los Estados Unidos han solicitado al presidente Joe Biden que se declare como organizaciones terroristas a los grupos del crimen organizado que operan en México. Esta situación, además de tener un matiz netamente injerencista, parte de una visión unilateral y errada del problema de la violencia que generan estos grupos criminales.
Y es que de tomarse esta determinación, según las leyes norteamericanas, el gobierno de aquel país estaría en condiciones de intervenir al nuestro a fin de poner límites y quizá fin a la operación de estos grupos ahora catalogados como terroristas.
Desde la visión obtusa de estos funcionarios estadounidenses, el problema de la violencia en el país que afecta también a ciudadanos estadounidenses que viven en México, se limita a una responsabilidad del gobierno mexicano.
Desde esta lógica, se deja de lado la responsabilidad que tienen los Estados Unidos de combatir y erradicar el consumo de drogas situación que representa un mercado jugoso para los grupos criminales.
No hay tampoco un mea culpa, sobre la laxitud de las leyes norteamericanas en materia de adquisición y venta de armas en aquel país, mismas que llegan al nuestro con una facilidad e impunidad tremenda.
En este sentido, el juicio contra el ex secretario de seguridad pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, que ocurre en el vecino país del norte; está develando un entramado de corrupción que fue tolerado y estimulado de ambos lados de la frontera. El gobierno norteamericano premió y elogió en su momento al llamado super policía y fue este el operador de decisiones como el operativo conocido como Rápido y Furioso, botón de muestra de ese tráfico de armas que dan poder de fuego a los grupos delincuenciales en México.
Las reglas de nuestra convivencia con los Estados Unidos están teniendo un vuelco interesante desde la llegada del presidente López Obrador. La narrativa ahora parece construida desde un enfoque que pretende hacer conciencia sobre la corresponsabilidad de los problemas que aquejan a ambos países. Sería conveniente que los fiscales quejosos adaptaran su discurso a esta nueva condición, de no ser así este se quedaría en la ancronica lógica de ver a los Estados Unidos como policía del mundo.
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Roberto Pantoja Arzola es titular de la Delegación de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México en el estado de Michoacán de Ocampo desde el 2018.
Del 2015 al 2018 se desempeñó como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán.
Abogado, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y Maestro en Docencia e Investigación por la Universidad Santander.
