CuartoPoder / Emanuel Matta
Un juez de control determinó liberar bajo medidas cautelares a Neftalí Montaño Crisóstomo, el último de los 38 indígenas de Arantepacua detenidos en Morelia el 4 de abril tras una reunión con el subsecretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo.
Montaño Crisóstomo era el último comunero de Arantepacua que permanecía en el penal de “Mil Cumbres”, luego que un juez de control dictó que existían elementos suficientes que hacían presumir la responsabilidad del indígena en el intento de lesiones con un machete a los policías que detuvieron al grupo.
Neftalí Montaño fue recibido por familiares y amigos, con quienes se dirige a su comunidad natal, enclavada en el municipio purépecha de Nahuatzen.
El indígena purépecha formó parte de un grupo de 38 comuneros que la tarde del 4 de abril se entrevistó con Armando Hurtado, en el Palacio de Gobierno, para establecer mesas de diálogo por el conflicto agrario de 520 hectáreas que se disputa Arantepacua con el poblado de Capácuaro, municipio de Uruapan.
Pese a las negociaciones, la Policía Michoacán detuvo a los 38 indígenas al transportarse en un autobús que tomaron por la fuerza horas antes para trasladarse a Morelia.
Lo anterior, provocó que la comunidad “secuestrara” una veintena de vehículos para buscar la liberación de los comuneros.
Juan Bernardo Corona Martínez, secretario de Seguridad Pública del estado, el cinco de abril ordenó a más de 400 policías una intervención policial en Arantepacua, donde cuatro indígenas murieron a balazos y siete policías resultaron heridos de bala.
El gobierno del Estado acusó al narcotraficante Benito Morales Jiménez “El Beny”, lugarteniente del cártel de “Los Viagras”, de haber rafagueado a la policía, lo que derivó en una balacera donde murieron los indígenas.
La SSP detuvo a otros 10 indígenas a quienes había acusado en un primer momento –antes de los señalamientos contra “El Beny”- de haber disparado contra los policías, sin embargo el juez de control, Juan Salvador Alonso Mejía, determinó liberarlos luego que la defensa demostró que el gobierno de Michoacán les “sembró” armas de fuego y les fabricó pruebas.
