CuartoPoder / Verónica Torres Medrano
Morelia, Mich.-Por un orden de mil 227 millones 865 mil 800 pesos a pagarse a 69 meses, fue el contrato que hizo la anterior administración con la empresa B3 FlyServices S.A de C.V para la utilización de 6 helicópteros y un avión sigiloso para misiones, logística, vigilancia, búsqueda y rescate, y traslado de funcionarios.
Así lo revelaron los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Carlos Torres Piña y José Alfredo Ortega Reyes, respectivamente.
Desde el desconocimiento, si las aeronaves fueron usadas adecuadamente, una adjudicación directa y con una empresa que tenía 14 días de constituida ante Notario Público, miles de pesos destinados por día, aunque no fueran usados y pagos extraordinarios (que siguen en investigación) por horas extras de vuelo son algunos de las irregularidades que se han detectado en el tema.
En ese tenor, el encargado de la Política Interna de Michoacán, Carlos Torres Piña enfatizó que hoy se suspendió el contrato de renta de aeronaves, por lo que el recorrido del estado por parte del mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, y todos aquellos funcionarios públicos, será a ras de tierra.
Y es que puntualizó que se trató de un gasto “abrumador” con contrato directo, que tendrá que analizarse adecuadamente. “El uso de los helicópteros es el acto más frívolo del Gobierno anterior de Silvano Aureoles Conejo. Al pueblo de Michoacán les decimos, no lo usaremos, no somos como ellos”.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Alfredo Ortega Reyes, indicó que el contrato fue firmado en el 2015 bajo el orden de usarse las aeronaves para misiones, logística, vigilancia, búsqueda y rescate, y traslado de funcionarios.
Refirió que la primera anomalía detectada fue sobre la empresa, la cual se constituyó en noviembre de 2015 en la Notaría Pública 150, Estado de México, y 14 días después se concretó el contrato, el cual fue por adjudicación directa, sin licitación de por medio, segunda irregularidad que mencionó.
Indicó que el contrato fue por un periodo de enero de 2016 a agosto de 2021, por un costo de mil 227 millones 865 mil 800 pesos, es decir, 218 millones 892 mil pesos anuales, 18 millones 241 mil pesos al mes o 610 mil pesos por día.
Otra irregularidad que señaló fue que el contrato se dio por 50 horas efectivas al mes y el Gobierno del Estado pagaría por las horas extras que no estaban en el contrato, por lo que se está investigando cuánto recurso más se le pagó a la empresa.
Asimismo, por pérdida total, el gobierno no solo debía cubrir el tema, sino también cumplir con el contrato hasta su término. Además, la empresa depositó una fianza de 128 millones de pesos en la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).
Indicó que se trató de una adjudicación directa que fue firmada por Ricardo Antonio Bernal Bustamante, quien era el secretario de Seguridad Pública en su momento, mientras que el administrador de la empresa fue Ismael Flores Ramos, como administrador.
Es de mencionar que en estos momentos, el Gobierno del Estado está en el periodo de observaciones del proceso entrega-recepción y tiene hasta el 24 de octubre para que se subsanen las mismas por parte del gobierno anterior. A partir de esa fecha, se tiene que hacer las denuncias ante las instancias correspondientes, tales como la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), inclusive la Federal, y sin dejar de lado la Fiscalía.
