CuartoPoder / Redacción
Con la finalidad de que se garantice los derechos de las personas con discapacidad, la diputada del PRI, Yarabí Ávila González presentará este jueves en sesión del Congreso del Estado, un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal y a los titulares de los gobiernos municipales de la entidad para que elaboren, expidan, publiquen, implementen, vigilen y cumplan con la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán.
La legisladora por el Distrito 10 de Morelia Noroeste, argumentó hasta a la fecha en el Catalogo Electrónico de la Legislación del Estado de Michoacán (CELEM) únicamente los municipios de Hidalgo, Tangamandapio, Sahuayo y Morelia operan con un reglamento desfasado, sin haber sido actualizados acorde a la ley vigente, y los reglamentos carecen de armonización, figuras administrativas y órganos de vigilancia con la actual ley, por tal razón resulta inoperante por formar parte de una ley que fue abrogada en fecha 12 de septiembre del 2014.
Agregó que el resto de los 109 municipios no cuentan con ninguna normativa que opere el desarrollo y que garantice los derechos de las personas discapacitadas, lo que los tiene no sólo en el rezago del tema, sino en un incumplimiento a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado, y tampoco informan respecto a las acciones que se hacen en favor de este grupo vulnerable, generando opacidad y falta de transparencia, sobre las políticas trasversales que por ley están obligados a implementar.
La legisladora hizo un llamado a ser responsables y garantizar los mecanismos necesarios para conformar una sociedad, tolerante, respetuosa e incluyente que promueva una Cultura de la Paz que restituya el tejido social y que sea garante de los derechos humanos, que se vea reflejado en una mejor convivencia social.
Ávila González mencionó que se debe dar un amplio alcance en los reglamentos para que se venzan las barreras arquitectónicas que dificulten, entorpezcan o impidan a las personas con discapacidad, el libre desplazamiento en lugares públicos, sean interiores o exteriores, o el impedimento de usar los servicios sociales o públicos.
Requirió a que se otorgue amplia participación a las Organizaciones de Personas con Discapacidad, y se cuente con instrumentos de prevención en la adopción de medidas encaminadas a impedir que se ocasionen discapacidades entre la población del Municipio y del Estado.
Que las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo del Estado y los gobiernos municipales adecuen sus reglamentos conforme lo establecido en la ley actual, para lograr una inclusión real de las personas con discapacidad en el estado y que definan en su operatividad de quienes o que instancias serán responsables de vigilar y aplicar el cumplimiento de la ley.
