CuartoPoder / Redacción
El actuar de las autoridades en materia ambiental en Michoacán, debe apegarse a la legalidad y al Estado de Derecho, la autoridad está obligada a informar y precisar en un ejercicio de transparencia, cual es el propósito y de que de manera se llevan operativos contra productores de aguacate en Michoacán, afirmó la diputada por el Distrito X de Morelia Noroeste, Yarabí Ávila González.
La legisladora del PRI, sostuvo que los actos de toda autoridad deben estar fundamentadas en los principios de legalidad y certeza jurídica para los ciudadanos, así lo marca el artículo 16 Constitucional, como uno de los elementos jurídicos esenciales del Estado de Derecho.
Aclaró que todo acto de autoridad que no esté fundado y motivado como lo establece la ley, carece de toda legalidad, lo que repercutirá en el menoscabo de los derechos humanos de quienes se ven sometidos a una acción sin el respeto al debido proceso.
La diputada enfatizó que ningún acto ya sea administrativo o penal debe estar por encima de lo que marca nuestro Pacto Federal, siempre se debe priorizar el actuar conforme a la ley, cuando se violenta la norma sostuvo no solo se deja en indefensión al ciudadano, se condiciona la efectividad de los operativos que si bien pueden tener una finalidad positiva, dejan de cumplir con ella al pasar por encima de los derechos ciudadanos.
Ávila González subrayó que siempre se ha manifestado por el respeto al medio ambiente y los recursos naturales, en donde se deben garantizar los mecanismos y políticas transversales encaminadas a la protección de la biodiversidad en Michoacán, por ello se coincide en que es necesario instrumentar medidas de restauración, rescate y protección a nuestros ecosistemas, no así a politizar el tema y vulnerar los derechos de los ciudadanos.
La diputada tricolor hizo un llamado para generar las acciones y sinergias, entre los tres órdenes de Gobierno, y el poder Legislativo para trabajar en una política ambiental cumpla con su deber de conservar y proteger el medio ambiente, para garantizar el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano y saludable, a los ciudadanos.
