CuartoPoder / Verónica Torres Medrano
Morelia, Mich.- El poder de la inclusión acabará con todo aquello que menoscabe los derechos, la integridad y la libre personalidad; el promover, financiar y obligar a una persona a recibir una terapia de conversión debe ser castigado, dejó en claro el diputado petista, J. Reyes Galindo Pedraza al presentar una reforma al Código Penal de Michoacán para garantizar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.
En el Pleno del Congreso, y tras ondearse desde la parte superior la bandera de la comunidad LGBTTTIQ+, el parlamentario enfatizó que los centros de conversión no son otra cosa que la violación a los derechos humanos de este sector poblacional, más porque hay evidencia de tortura, violaciones y tratamientos que únicamente desnudan la crueldad para “corregir” una enfermedad.
Puntualizó que hoy en día, la comunidad LGBTTTIO+ es discriminada constantemente, al punto de penalizar a las personas que tienen una orientación sexual diferente al heterosexual, inclusive, resaltó que la homosexualidad es considerada como “una enfermedad, que se tiene que ‘curar’”.
El ciclismo, la lobotomía y la castración han sido terapias empleadas como parte de los “esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género”, pero únicamente son golpizas, violaciones, electrocución, medicación forzada, aislamiento y confinamiento, desnudez forzada, ofensas verbales y humillaciones, además de actos de abuso físico, psicológico y sexual.
En México, refirió, el 92 por ciento de los adolescentes de la comunidad LGBTTTIQ+ escondieron su orientación sexual y/o identidad de género a su familia, esto, de acuerdo a la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género.
Asimismo, puntualizó que en el país es constante el escuchar sobre los centros de conversión, en donde los pacientes ingresan en contra de su voluntad “por el simple hecho de tener inclinaciones sexuales distintas a la mayoría de las personas”.
El miedo y los daños psicológicos, enfatizó, que se generan por los “sometimientos, torturas y violaciones”, difícilmente se denuncian. Tan solo en la declaración emitida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en México, 4 de cada 10 jóvenes han señalado que viven en un espacio hostil que busca cambiar su orientación sexual o identidad de género.
En el caso de Michoacán, indicó, no hay cifras, pero se conocer de al menos 10 centros de conversión identificados en la capital michoacana que se hacen pasar por centros de rehabilitación, anexos o de retiro espiritual.
Ante este panorama, la propuesta de Galindo Pedraza va encaminada a que a todo aquel que imparta, promueva, financie u obligue a una persona a recibir una terapia de conversión se le impongan de dos a cinco años de cárcel y la inhabilitación permanente del ejercicio profesional, si la terapia se realiza a un menor de 18 años o alguna persona que no tenga capacidad de comprender el significado de hecho.
