CuartoPoder / Marco Antonio Duarte
Michoacán.-Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas y Administración del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, fue detenido en los Estados Unidos con base en una orden de aprehensión por el delito de peculado, por el orden de 4 millones de pesos.
Una fuente de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que está a la espera de un paquete de órdenes de aprehensión, por el delito de peculado, en contra del ex gobernador Silvano Aureoles, así como a sus ex secretarios de Seguridad Pública, Juan Antonio Bernal Bustamante y Juan Bernardo Corona Martínez, entre otros ex funcionarios.
A la detención de Carlos Maldonado se suman las capturas de Mario Delgado Murillo y Guillermo Loaiza Gómez, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y ex Director del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE) respectivamente.
De acuerdo con una fuente cercana al caso, Carlos Maldonado fue detenido por la Interpol en la ciudad de Miami, Florida, donde radica desde hace una década, inclusive cuando se desempañaba como funcionario de Silvano Aureoles.
La Interpol detuvo a Maldonado Mendoza a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual lo investiga a él y a otros funcionarios con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el desvió de 4 mil millones de pesos, aunque esta orden de aprehensión se deriva solo por el delito de peculado por el orden de 4 millones de pesos.
Según la FGR, Carlos Maldonado, Mario Delgado y Guillermo Loaiza, autorizaron la entrega de 4 millones de pesos a una empresa para realizar una obra pública en el municipio de Zitácuaro, de la cual no existe evidencia de que se haya realizado.
Si embargo, esta investigación forma parte de más de 13 denuncias que el actual gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedolla interpuso contra el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo y varios ex funcionarios más, entre ellos los ex secretarios de Seguridad Juan Bernardo Corona Martínez y Juan Antonio Bernal Bustamante.
Las denuncias son por el sobreprecio en el pago de al menos siete cuarteles regionales de la Policía Estatal (hoy Guardia Civil), los cuales de acuerdo a avalúos no sobrepasarían un costo de cien millones de pesos cada uno, pero el pago final ascendió a 4 mil millones de pesos.
