CuartoPoder / Redacción
En nuestro país 2.3 millones de personas se dedican a desarrollar trabajos domésticos remunerados, de los que un 91 por ciento son mujeres y quienes en mayoría no tienen derechos laborales, por lo que es urgente que se reconozca el trabajo que realizan, subrayó la diputada Nalleli Pedraza Huerta, quien demandó al gobierno federal ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo, a fin de disminuir la discriminación y abusos que sufren las y los trabajadores domésticos.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXIII Legislatura Local, recordó que desde hace 28 años, cada 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, quien urgió a los diversos niveles de gobierno y sociedad a tratar con respeto a las personas que se dedican a esta noble actividad, y que en el trabajo diario sufren discriminación y malos tratos.
Nalleli Pedraza, agregó, “la moral retorcida y la discriminación son la combinación para segmentar y violar los derechos de las trabajadoras del hogar, cosa que se debe erradicar y donde todos debemos cerrar filas para evitar cualquier tipo de discriminación y violencia”.
Llamó a todos a dejar de llamar a las trabajadoras del hogar, como “muchachas, sirvientas, chachas, o servidumbre”, ya que son términos discriminatorios y es urgente promover acciones que reivindiquen sus derechos y la lucha contra la desigualdad a la que han sido expuestas.
Además hizo énfasis en que el trabajo doméstico debe desempeñarse en el marco de una relación formal de trabajo, sin embargo, hoy las labores que ellas realizan, para muchas personas no es considerado trabajo.
“Y precisamente de esta equivocada percepción y de la absurda idea de que existe una diferencia social entre el patrón y la trabajadora, es que seguimos utilizando términos discriminatorios para referirnos a ellas, y seguimos pensando que ofrecerles trabajo es hacerles un favor. Es un trabajo y por lo tanto es digno, hay una contraprestación, no es un favor”.
“Para la mayoría de estas personas no existen los derechos laborales. Lo que sí existe, en muchas ocasiones, son extendidas jornadas de trabajo, maltratos, bajos salarios, marginación y falta de atención a su salud. Y siguen latentes los casos en que estas trabajadoras son sujetas a vejaciones, humillaciones, acoso y abuso sexual, tratos denigrantes, que en ocasiones deben ser soportados bajo amenazas de despido, falsas acusaciones de robo, entre otras intimidaciones”.
Aunado a lo anterior, recalcó el abuso, discriminación y violencia que reciben estas trabajadoras es estructural, es sistemático y viene desde las autoridades y ejemplo de ello, es que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tiene la obligación de establecer un salario mínimo profesional para esta actividad, jamás lo ha hecho, y menos se ha pronunciado positivamente al respecto.
Pero no sólo eso, la propia Ley Federal del Trabajo las excluye del derecho a la vivienda, reinstalación laboral, seguridad social, o negociación colectiva, y según la Ley General de Salud sólo pueden estar inscritas en el régimen voluntario, y cubrir sus propias cuotas obrero- patronales, y quedan también excluidas del derecho a guardería o prestaciones sociales, como la pensión. Hoy sólo el 19.53 por ciento, se encuentra afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Recordó que en atención a este tipo de problemáticas es que nació el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la Organización Internacional del trabajo, que establecen un parámetro que marca una serie de derechos y principios en cuanto al trabajo doméstico.
Sin embargo, México, como miembro de la OIT, no ha ratificado este instrumento internacional, esto significa que no lo ha aceptado como parámetro de actuación del Estado, no ha querido establecer compromisos reales para dignificar esta labor, no ha querido ampliar el marco de protección jurídica al trabajo que desempeñan más de 2 millones de personas en nuestro país.
“No es tolerable permitir que la informalidad del trabajo doméstico se siga traduciendo en una reiterada violación de derechos, ellas merecen tener acceso a una pensión, derecho a un trato digno, derecho a un pago y jornada de trabajo justos, derecho a descansar, pues realizan una actividad laboral, como cualquier otro trabajador”.
