CuartoPoder Michoacán

A prisión, maestro de CNTE-Michoacán por robo de 17 mdp a camión de valores

CuartoPoder / Pedro Antonio Aguilar

Morelia, Mich.-Un Juez de Control vinculó a proceso a Leobardo Reyes Meza, profesor de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por su presunta responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad de custodios de una empresa de valores, así como del robo de un camión blindado y de los 17 millones de pesos que transportaba la unidad.

Reyes Mea, identificado al interior de la CNTE como miembro del ala radical de ese sindicato disidente, también es integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), organización implicada en los mismos delitos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 23 de julio del 2019, sobre la carretera Morelia Quiroga, a la altura del poblado de Santa Fe de La Laguna, donde el FNLS y maestros de la CNTE mantenían un bloqueo carretero, para exigir diversas demandas.

Sin embargo, durante la protesta, los inconformes retuvieron un camión blindado de la empresa de seguridad de valores “Sepsa”, la cual vandalizaron y prendieron fuego, para obligar a los custodios a salir de la unidad con los 17 millones de pesos que transportaban.

Los agentes de seguridad fueron retenidos por varias horas, por más de 30 personas, quienes los despojaron de los 17 millones de pesos y objetos personales como celulares y billeteras, entre otras cosas.

Tras el hecho, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación que derivó en una orden de aprehensión que el 29 de junio pasado fue cumplimentada en contra de Leobardo Reyes, en la comunidad indígena de Ihuatzio, en el municipio de Pátzcuaro.

Fue así que, este domingo, un juez de Control del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (STJEM), analizó los datos de prueba de la Fiscalía y determinó vincular a proceso a Leobardo Reyes, por los delitos de robo, robo de vehículo y privación de la libertad. El juzgador fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.