CuartoPoder / Redacción
El Partido Acción Nacional en Michoacán se pronunció en contra de que se realicen modificaciones al Reglamento Electoral para permitir la reelección de presidentes municipales y diputados locales, sin necesidad de que estos se separen de su cargo, toda vez que se desequilibra la equidad en la contienda y la transparencia de la política en México no representa ninguna garante para legitimar los comicios electorales.
Lo anterior, luego de que en el estado de Yucatán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobara este resolutivo que en voz del Presidente del Comité Estatal del PAN, José Manuel Hinojosa Pérez, es un mal precedente, incongruente y desalentador para el ejercicio de la democracia en México.
«No podemos dejar que esta modificación se apruebe en Michoacán, este resolutivo traería consigo la libertad para que funcionarios manejen recursos públicos de la manera que deseen, dando pie a prácticas corruptas como embarcar al erario en temas electorales; la utilización de los medios de comunicación de manera parcial; el abuso de poder, la intimidación del votante, entre muchas otras cosas».
El líder blanquiazul señaló la necesidad de que los órganos electorales sean cuidadosos con este tipo de decisiones de cara a los comicios de 2018, y aseguró que su partido mantendrá vigentes sus estatutos en donde se señala que sus funcionarios sí deben separarse del cargo para contender por los puestos de reelección, con lo que se dará el ejemplo a nivel nacional de ser un partido apegado a la legalidad, la transparencia y democracia.
«Estoy seguro que los panistas en México pondremos el ejemplo, ya que mucho hemos luchado por el combate a la corrupción, no podemos poner en juego el uso de nuestros recursos para financiar gastos electorales confiando en la ética de los funcionarios que busquen la reelección, necesitamos garantizar la transparencia en el proceso».
El Presidente Estatal del PAN, José Manuel Hinojosa Pérez, afirmó que su instituto político contribuirá a que Michoacán cuente con un proceso electoral de altura, donde los funcionarios interesados en competir, ejerzan su derecho con legalidad y en defensa de la democracia del estado.
