Morelia, Michoacán, a 29 de abril de 2026.- Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas del Estado para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, en especial a los derechos relativos a la ayuda inmediata, asistencia, atención, protección, acceso a la verdad, justicia y reparación integral, debida diligencia, buena fe.
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el líder de la bancada del PT presentó ante el pleno del poder legislativo este planteamiento que busca blindar a las víctimas de delito a través de la atención jurídica inmediata, así como psicológica, médica, trabajo social de primer contacto, sin que sea requisito la acreditación de la calidad de víctima, solo la existencia del hecho victimizante.
“La presente iniciativa tiene como propósito dar cabal cumplimiento a los principios consagrados por el artículo 5º de la Ley General a Víctimas de dignidad, buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integridad, indivisibilidad e interdependencia, interior superior de la niñez, máxima protección, mínimo existencial, no criminalización, victimización secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas, transparencia y trato preferente”, explicó el congresista desde la tribuna.
Asimismo, señaló que en México fue a partir de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, cuando se establecieron en la Constitución los principios que garantizan los derechos humanos de las víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos, en donde también se obliga a las personas servidoras públicas, en todos los niveles de gobierno, a proteger y garantizar estos derechos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En este contexto, el legislador del PT destacó la importancia de involucrar a todas las instituciones para cumplir con la obligación de proteger a personas víctimas de delitos en Michoacán, en aras de hacer valer la ley en todas sus formas y derivado del contexto social que se vive en la entidad.
“Cuando ocurren actos de violencia donde vehículos son incendiados para bloquear carreteras, centros comerciales para infundir miedo en la población, estos tienen cobertura noticiosa y son reconocidos por autoridades, se puede eximir a las víctimas de probar la existencia de tales hechos, ya que son públicos y del conocimiento general, el delito y la violación a los derechos humanos es conocida por un sector poblacional, por lo que observar los principios de debida diligencia y buena fe, deben ser aplicados”, acotó.
Agregó, que entonces es indispensable fortalecer el organismo encargado de garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de las graves violaciones de derechos humanos, en especial los derechos de asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, la reparación y a la debida diligencia y tiene la obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común y violaciones graves a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.
“El Estado de Derecho implica garantizar el derecho a la seguridad de las personas, salvaguardando su vida, integridad y patrimonio, además impone la responsabilidad del Estado de otorgar la debida atención, ayuda y protección a las víctimas, por lo que es necesaria la presente reforma para dar cumplimiento con el mandato legal que se impone a esta Honorable Asamblea la responsabilidad de realizar la armonización legislativa de la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo, responder a las necesidades urgentes y necesarias de las víctimas de los delitos, como el trato digno, el acceso a la justicia, la verdad, la reparación integral del daño y el acceso a medidas de atención, asistencia y protección”, afirmo.
