CuartoPoder / Pedro Antonio Aguilar
Los nueve indígenas detenidos el cinco de abril en Arantepacua obtuvieron su libertad este miércoles, luego que su defensa logró comprobar ante el juez de Control que la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) les “sembraron” armas de fuego y fabricaron pruebas para acusarlos del delito de homicidio calificado, en grado de tentativa, en contra de siete policías.
El juez de Control, Juan Salvador Alonso Mejía, desechó las pruebas presentadas por la fiscalía estatal al existir diversas irregularidades, por lo que los indígenas únicamente fueron vinculados a proceso por el delito de ataques a las vías de comunicación, pero gozarán de su libertad bajo medidas cautelares.
Durante la audiencia, el juez Juan Salvador Alonso determinó que los peritajes hechos a 10 armas de fuego largas y cortas no tienen ninguna huella dactilar de los nueve indígenas, lo que demuestra que éstas les fueron “sembradas” por la Policía Michoacán y la PGJ.
Además, en esta audiencia, la defensa de los nueve indígenas demostró que a los imputados se les negó en un primer momento el derecho al acceso a una defensoría pública y a un traductor, pues tres de ellos no dominan el español.
Incluso, la fiscalía estatal intentó acreditar el delito de homicidio calificado en grado de tentativa utilizando una bitácora de la Policía Michoacán que hacía referencia a un bloqueo carretero por parte de estudiantes normalistas, y no a un enfrentamiento a balazos derivado de la intervención policial que el 5 de abril se registró en Arantepacua, donde 4 indígenas fueron asesinados.
