CuartoPoder / Redacción
Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la Ley de Asistencia Social, para garantizar que los menores que viven con sus madres en los centros de readaptación social, tengan acceso a servicios de salud, atención y vigilancia de su crecimiento y desarrollo integral. Para lo cual, se deberá asignar una partida presupuestaria exclusiva para los niños que habitan en centros penitenciarios.
La iniciativa impulsada por la diputada Andrea Villanueva, y dictaminada por las Comisiones Unidas de Justicia, Jóvenes y Deporte, y Derechos Humanos, de la cual formó parte, e integrada por los diputados Ángel Cedillo, Carlos Quintana, Nalleli Pedraza, Ernesto Núñez, Xóchitl Ruiz; Daniel Moncada, Wilfrido Lázaro, Miguel Ángel Villegas y Raymundo Arreola, destaca la condición y el trato inadecuado que se brinda a los niños y niñas que viven con sus madres internas.
En ese sentido, la reforma reconoce a las niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios como un sector infantil en condiciones de vulnerabilidad, por lo que las autoridades estatales y municipales, deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos; así como las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo pleno.
Asimismo, deberán recibir educación de calidad, garantizar igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus capacidades, descanso, juego, esparcimiento y cultura; así como su derecho a desarrollarse en un entorno afectivo y libre de violencia.
De igual forma se deberá asignar una partida presupuestaria exclusiva para los niños que habitan en centros penitenciarios, para cumplir con lo establecido en la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes y demás ordenamientos en la materia.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana (DIF) deberá elaborar un padrón de las niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios y las condiciones en las cuales se encuentran; y dará seguimiento una vez que abandonen los reclusorios, sin que ello signifique un antecedente para el menor, ni se genere un expediente sobre el mismo.
Una vez concluido el tiempo permitido para que el niño permanezca en el centro penitenciario, el DIF valorará las condiciones socioeconómicas y psicológicas del familiar, tutor o encargado de la niña o el niño, para los efectos legales correspondientes.
Con su aprobación, Michoacán se convierte en el primer estado en legislar en la materia.
