CuartoPoder / Redacción
La justicia laboral pasará a formar parte de las atribuciones del poder judicial, mientras que la conciliación entre las partes correrá a cargo de un organismo autónomo en el ámbito local, sin que ello signifique un demérito en los derechos de los trabajadores, aseguró la diputada Adriana Hernández, al presentar su iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia de justicia laboral.
Para los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional –dijo- resulta una verdadera satisfacción proyectar hacia nuestra entidad federativa, las reformas impulsadas por el Presidente Peña Nieto, las cuales gozaron de un amplio consenso durante su discusión en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, lo cual refleja la inquietud compartida que existe por hacer realidad los principios de justicia pronta y expedita, consignados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La también presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló en tribuna que para nadie es un secreto que la práctica cotidiana en muchas instancias, dista de ser un ejemplo de rectitud. Postulantes y partes pueden dar cuenta de costumbres poco respetuosas de la ley en las juntas de conciliación y arbitraje. La enmienda de la cual se desprende la presente iniciativa, busca precisamente reprimir tales conductas a través de la profesionalización de los servidores públicos relacionados con la justicia laboral.
Hernández Íñiguez recordó que el Estado Mexicano decidió hace décadas compartir el monopolio de la justicia laboral con los empresarios y trabajadores, a fin de administrar y resolver, de la mejor manera posible, los naturales conflictos que surgen entre el capital y el trabajo, paradigma que se tradujo en la creación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y sus pares en los Estados de la República.
Agregó que el sistema de justicia laboral operó adecuadamente durante décadas hasta que comenzó a ser rebasado por la demanda. De acuerdo con la iniciativa presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, el incremento de la rotación frente a la mayor volatilidad de los empleos y la flexibilización de formas de contratación y despido, ha provocado a partir de la década de los ochenta, el aumento de los conflictos individuales. En dos décadas, de 1995 a 2015, se incorporaron a la población económicamente activa del país, más de 18 millones de mexicanos, periodo en el que los conflictos individuales aumentaron 132%, al pasar de 125,510 de diciembre de 1994 a 291,548 en diciembre de 2015.
Reconoció que aún queda para el legislador secundario la obligación de aterrizar en leyes secundarias las reformas aquí planteadas, pero eso no obsta para que, en un ejercicio de armonización, el Congreso del Estado de Michoacán reforme la ley fundamental del Estado para hacerla acorde con los alcances de dicha enmienda, finalizó.
