CuartoPoder / Marco Antonio Duarte
Morelia, Mich.-Comuneros, profesores y activistas vandalizaron este miércoles el Palacio de Gobierno y atacaron al menos dos patrullas y una torre de vigilancia móvil, para exigir justicia por la ejecución de cuatro indígenas de Arantepacua, perpetrada hace seis años en una violenta irrupción policial que autorizó a la comunidad purépecha el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo.
El Concejo Comunal de Aratepacua, comunidad enclavada en el municipio de Nahuatzen, informó que a seis años del múltiple crimen, los indígenas purépechas exigen a la Fiscalía General de la República (FGR), la atracción del caso y una investigación a fondo contra el ex gobernador Silvano Aureoles y cuatro de sus ex funcionarios.
Estos ex colaboradores de Silvano Aureoles, enumeró el Concejo de Arantepacua, son Juan Bernardo Corona Martínez, ex secretario de Seguridad Pública; Carlos Gómez Arrieta, Subsecretario de Seguridad Püblica; Adrián López Solís, ex secretario de Gobierno y actual Fiscal General de Michoacán; y Armando Hurtado Arevalo, ex director de Gobernación.
Al cumplirse seis años del multihomicidio, un grupo de comuneros, profesores y activistas marcharon desde la residencia oficial “Casa de Gobierno” –en el sur de Morelia- al Palacio de Gobierno –Centro Histórico-.
Durante el trayecto, los inconformes atacaron dos patrullas de la Policía Auxiliar y una torre de vigilancia de la Policía Moelia, además de vandalizar las fachadas frontal y poniente del Palacio de Gobierno, donde pintaron las leyendas “Silvano, asesino” y “Adrián López, asesino”, entre otras.
Cabe mencionar que la mañana del cinco de abril del 2017, el ex gobernador Silvano Aureoles autorizó a Juan Bernardo Corona y Carlos Gómez Arrieta –vinculado con el caso Ayotzinapa- la irrupción de la Policía Michoacán a Arantepacua, donde los indígenas mantenían retenidos vehículos por una disputa agraria con la comunidad indígena de Capácuaro.
Durante la irrupción, cuatro indígenas fueron asesinados a balazos –por la espalda-, 31 más resultaron heridos por golpes y proyectiles de arma de fuego, mientras que 38 hombres y mujeres fueron detenidos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación 42VG/2020, determinó que el gobierno de Silvano Aureoles torturó a 10 familias, cateó ilegalmente 56 viviendas, provocó 1000 víctimas de tratos crueles e inhumanos, 4 muertos y 31 lesionados.
Tras la ejecución extrajudicial de los indígenas, el gobierno de Silvano Aureoles acusó que el hecho se trataría de un fuego cruzado entre la Policía Michoacán y un supuesto narcotraficante que, con su célula delincuencial, se ocultaba en la zona, aunque el ex gobernador no presentó pruebas fehacientes de su justificación.
