Por Sergio Torres Delgado
Con su declaración a favor del reemplacamiento vehicular propuesto por el gobierno estatal morenista, el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, causó algo de controversia, sobre todo porque en su momento el alcalde panista presumió que el Ayuntamiento había aprobado su proyecto de Ley de Ingresos sin nuevos impuestos.
La postura del munícipe inmediatamente provocó una serie de conjeturas respecto a si lo habría dicho para no confrontarse con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla o simplemente para dejar que este se desgaste en el intento de imponer la medida recaudatoria, con miras a las elecciones intermedias de 2024 y de gobernador en 2027.
Buena intención, pero poca sensibilidad
El proyecto de presupuesto de egresos elaborado por el gobierno morenista persigue cuatro premisas básicas: ser austero, eficiente y sin déficit; con enfoque municipalista; dirigido a la salud, inversión pública e infraestructura; y, con programas sociales de bienestar en apoyo a sectores sociales vulnerables.
No se duda que dicho proyecto sea bien intencionado, con nuevos programas sociales que operará la ahora llamada secretaría del Bienestar. Sin embargo, da la impresión de que, con tal de echar a andar todo lo que quiere o de cumplir con las altas expectativas que se tienen para con esta administración, busca ingresos a como dé lugar.
Pero, en sus ansias de enderezar los entuertos de la administración heredada y de lograr un impacto positivo el año que viene, que lo diferencie de las anteriores, quizás mostró poca sensibilidad al incluir el reemplacamiento vehicular, además de falta de creatividad para conseguir recursos por otras vías.
Diputados locales morenistas van por reemplacamiento
Fidel Calderón Torreblanca, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, se empeña en aplicar a la población el cobro por reemplacamiento vehicular, para que, de esa forma, el gobierno estatal cuente con 81 mil 546 millones de pesos para 2022. Con él, irían sus compañeros: Anabet Franco Carrizalez, Eréndira Isauro Hernández, Juan Carlos Barragán, Julieta García Zepeda, María de la Luz Núñez Ramos, María Fernanda Álvarez Mendoza, Roberto Reyes Cosari y Seyra Anahí Alemán Sierra.
En el remoto caso de no lograr la mayoría de votos para aprobar los 1 mil 444 millones de pesos del reemplacamiento, el gobierno michoacano tendría para ejercer 80 mil 102 millones de pesos.
Obsesionado, Torreblanca emplazó a los opositores a proponer otra fuente de recaudación para mantener esas cifras (PCM Noticias 30/11/21), dejando entrever que el único interés es la recaudación.
También plantea que, si no hay reemplacamiento, habrá que “recortar” los montos que se pretenden gastar y retó a la oposición a señalar de dónde quitaría esos 1 mil 444 millones de pesos.
Sin embargo, una opción es reducir gasto corriente: las exorbitantes e insultantes cantidades económicas que se dan en salarios todos los titulares de dependencias, poderes estatales, organismos autónomos y entidades públicas en general, donde se pagan asesores, séquito personal, seguros de gastos médicos, seguros de vida, estímulos, espléndidos aguinaldos, vehículos -a veces hasta con chofer-, gasolina, telefonía celular, despensa, caja de ahorro, alimentos, gastos de representación, liquidaciones indebidas y un largo etcétera de privilegios y gastos suntuosos, mientras la población en general está en una crisis económica aguda.
Una segunda opción para contar con recursos es acelerar las denuncias contra los presuntos esquemas de fraude y corrupción que significarían el saqueo de miles de millones de pesos por parte del gobierno perredista de Silvano Aureoles Conejo, aunque ello tal vez demore.
Pronto se presentarán las denuncias: Torres Piña
Una buena noticia fue escuchar de parte de Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno de Michoacán, que próximamente el gobierno morenista emprenderá las acciones legales contra todos aquellos presuntos actos de corrupción detectados a la fecha en la administración silvanista.
De ser así, no habría dudas de que no existe pacto de impunidad entre este y el anterior gobierno. Significa también que se tienen los elementos para castigar a los responsables y, por consecuencia, recuperar bienes públicos malversados.
Pero, tache a Torres Piña por declarar que el reemplacamiento vehicular es obligatorio, según la NOM-001-SCT-2-2016 de la secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), numeral 5.1.4.5, que, en realidad, solo obliga al fabricante de placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular a que los materiales usados tengan una duración mínima de tres años.
En el Congreso del Estado
De acuerdo con una nota del sitio Contramuro (30/11/21), el diputado Juan Carlos Barragán Vélez expresó su desprecio por los medios de comunicación, con algunas excepciones. El portal publica un audio en el que el experredista y exfuncionario silvanista -hoy morenista- hace patente su sentir. Evidenciado, la emprendió contra la presidenta del Congreso, Adriana Hernández Íñiguez, acusándola de colocar micrófonos espía en la sede legislativa. Vaya forma de enseñar el cobre. Implícitamente, confirmó lo que realmente piensa de los medios.
Por su parte, la diputada independiente Fanny Arreola afirma haber detectado un faltante de 470 millones de pesos en la propuesta de Ley de Ingresos presentada por el Ejecutivo estatal. “Tenemos ahí una inconsistencia de 470 millones de pesos que no se explican de dónde van a salir, lo que nos evidencia una intencionalidad de inflar las cifras porque en los hechos no cuadran”, dice.
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