CuartoPoder / Verónica Torres Medrano
Morelia, Mich.- El 65 por ciento de las familias de la localidad de El Aguaje, municipio de Aguililla, han sido desplazas por la guerra que mantienen los grupos delincuenciales en los últimos dos años. Hoy, son entre cuatro a cinco familias las que quedan en el lugar, puntualizó la diputada de la Representación Parlamentaria, Fanny Lyssette Arreola Pichardo al precisar que las estadísticas de la situación pueden variar.
Y es que aclaró que no hay cifras oficiales, pero la información que se tiene por parte de familias de la zona, y que se cruzan con datos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son un aproximado, por lo que indicó que es necesario legislar en el tema para la atención de este flagelo que es a consecuencia de los enfrentamientos y apoderamiento del territorio entre los grupos delincuenciales.
En conferencia de prensa, indicó que esta situación no solo se refleja en la región de Tierra Caliente, sino en diversas partes del estado donde hay presencia de los grupos organizados, pero reiteró que no hay estadística precisa del tema.
Quien es la coordinadora de la Representación Parlamentaria especificó que son varias las propuestas que se tienen contempladas en la Agenda Legislativa; el tema de desplazados es uno de ellos.
Explicó que se busca que la iniciativa privada y el Gobierno del Estado trabajen de la mano para concretar acciones que permitan establecer un albergue temporal, pero además que permitan el reinsertar a la vida laboral ante la salida de sus comunidades.
Refirió que se requiere una ley para la atención de los desplazados y que en México la única existente es la de Chihuahua, mientras que en América Latina, está en Colombia, por lo que permitirá sentar las bases de lo que se requiere atender en Michoacán.
Otros de los puntos que incluyó en la Agenda Legislativa son que las madres accedan a los recursos de la manutención de sus hijos con los datos reales de los deudores, penas mayores por el cambio de uso de suelo, de tránsito y movilidad, educación y aborto.
