CuartoPoder / Pedro Antonio Aguilar
Morelia, Mich.-El acceso a la vivienda digna y decorosa, es un derecho irrenunciable y una cuestión de justicia que tiene como base la garantía plena de los derechos humanos, dado que es sustancial a la dignidad de las personas, sostiene Carlos Torres Piña, Presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
El legislador michoacano oriundo de la tierra de la guitarra, señaló que la vivienda es el lugar donde se resguarda el ser humano, por lo que contar con ésta se convierte en una condición de supervivencia y desarrollo en términos de seguridad, autonomía, desarrollo e independencia de las personas.
Para los sectores más desprotegidos del país es un asunto de justicia, porque con los salarios que existen es difícil que adquieran o construyan una vivienda, como es el caso de 15 millones de personas que tienen una economía mixta o 5 millones que no están afiliados a ningún instituto de vivienda. Por lo anterior el crédito para la vivienda popular debe ser barato y suficiente, manifestó el legislador federal.
Con el propósito de cumplir de forma más efectiva con las disposiciones en materia de vivienda, plasmadas en la Carta Magna y en los tratados internacionales suscritos por México en favor de los más necesitados, el Estado Mexicano interviene en materia legislativa, administrativa, de políticas públicas y de presupuesto. Por lo anterior, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de reforma a las leyes del IMSS e ISSSTE a la Cámara de Diputados, con las que se pretende dar crédito para la adquisición de vivienda, compra de terreno para construir, ampliar o remodelar y pagar hipotecas, también se eliminan intermediarios y trabas administrativas, explicó Torres Piña.
La vivienda para considerarse digna y decorosa debe contar con los servicios básicos y espacio suficiente, además debe estar ubicada en una zona en donde haya servicios de educación, hospitales o clínicas, parques recreativos, instalaciones deportivas, condiciones que no se han cumplido con las viviendas de interés social que se han construido en México, porque el modelo de gestión de vivienda se basó en un esquema corrupto y rapaz entre funcionarios públicos y las constructoras, que edificaron en lugares alejados de los centros urbanos y de lo cual se deriva que haya 5 millones de casas abandonadas en México.
Por todo lo expuesto, se pretende subsanar los errores y cerrar la puerta a la corrupción en la construcción de vivienda, porque de ello depende el acceso a la justicia de millones de personas.
