CuartoPoder Michoacán

Buscan sanciones para asociaciones que lucren con michoacanos

CuartoPoder / Verónica Torres Medrano

Morelia, Mich.-Poner un alto y realmente regular las organizaciones que se encuentran en Asistencia Privada es fundamental, planteó el diputado perredista, Humberto González Villagómez al evidenciar que hoy las organizaciones sociales buscan el lucro e, inclusive, poner en riesgo la vida de las personas.

Indicó que la asistencia privada es una actividad de interés público que ha sido prestada por particulares mediante la realización de actos humanitarios de beneficencia o asistencia, que generalmente, se realizan sin propósitos de lucro o beneficio individual, sino social.

Sin embargo, lamentó que hoy este tipo de servicios buscan generar ingresos propios mediante la adquisición de recursos materiales y humanos a fin de ser financiados y encontrar la manera de deducir gastos y evitar el pago de impuestos de manera correcta.

Además de exponer la vida e integridad de las personas que atienden, principalmente aquellos que están enfocados en la asistencia social y médica.

“Planteo la integración de un sistema de denuncias que haga posible restringir la proliferación de instituciones que se hagan pasar por instituciones de asistencia social y evitar caer en los fraudes tan comunes como es que personas se enriquezcan o lucren con el internamiento de personas en centro de rehabilitación, patronatos, orfanatos y demás establecimientos que prestan servicios apócrifos ante la necesidad de una mejor vida”, indicó.

En el último punto, González Villagómez documentó que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) estima hay 320 centros de rehabilitación que operan sin control o sin autorización de la Junta de Asistencia Privada, por lo que se expone la vida e integridad de los usuarios y se desconoce si se atiende acorde a las normas mexicanas de salubridad y sin violar sus derechos humanos.

Por lo que expuso que la iniciativa de reforma busca fortalecer sus actuaciones coadyuvando con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en la denuncia y de acceso a la información, con la intención de generar procedimientos sólidos que permitan arribar a las correspondientes sanciones a aquellas personas que se aprovechen de su calidad de administradores, directores, fundadores o trabajadores que abusen de las personas puestas a su disposición y cuidado.