CuartoPoder / Redacción
Morelia, Mich.- Ante la urgente necesidad de actualizar la norma pública estatal por cuanto a la adquisición, arrendamiento de bienes y contratación de servicios, y que dé certeza a los proveedores sobre el cumplimento de sus pagos, principalmente, el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones del Estado de Michoacán.
Su propuesta argumenta que tras más de 20 años de haber sido aprobada en Michoacán la referida Ley, únicamente ha sufrido cambios superficiales, sin que a la fecha se encuentre debidamente actualizada y acorde a los avances tecnológicos y de combate a la corrupción, ante aquellas prácticas en las que se adquieren bienes o servicios sin contar con la suficiencia presupuestaria por parte de los gobiernos.
“En Michoacán, el Gobierno del Estado está trabajando con un lineamiento que tiene más de 20 años de publicación, siendo que en materia de adquisiciones la adopción gradual de cambios y mejoras tiene que responder tanto a los avances tecnológicos así como a las necesidades cambiantes de los gobiernos”, subrayó Ernesto Núñez.
El legislador local propone homologar varios conceptos de la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público que, debido a sus características y amplia aplicación, se encuentra más actualizada y funcional, previendo su aplicación general para los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, y los ayuntamientos de la entidad, considerando lineamientos actuales en materia de anticorrupción y fomento de la economía local.
“Las adquisiciones deben estar vinculadas estrechamente a estrategias de reactivación de la economía local, al mismo tiempo, resulta indispensable que los recursos se ejerzan de manera integral, transparente y responsable”, agregó.
Núñez Aguilar plantea entonces que junto con la presentación y ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, los entes mencionados tendrán que comprobar disponibilidad presupuestaria y liquidez económica, con el fin de tener una corresponsabilidad y certeza de pago a los proveedores, reduciendo en la medida de lo posible la irresponsabilidad en la que actúan algunos funcionarios al contratar sin asegurar el pago de los bienes y servicios, ó bien, la irresponsabilidad de algunos servidores de liquidar las obligaciones contractuales.
Finalmente, y además de proponer la continuación de los procedimientos de contratación bajo el esquema general de licitación pública y por medio de un sistema electrónico de compras gubernamentales, propone una estrategia de priorización, reactivación y fortalecimiento de la economía local para la contratación de servicios otorgados por empresas 100 por ciento michoacanas.
“Las dependencias, entidades y municipios deberán como primera opción adquirir bienes que sean producidos, transformados, fabricados, ensamblados o maquilados en la entidad, siempre prefiriendo en las adjudicaciones directas como proveedores en igualdad de circunstancias a industrias locales”, concluyó.
